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Periodistas y medios digitales en la mira del Gobierno Nacional

Los ataques y agresiones han sido los mayores riesgos para el ejercicio del periodismo en Venezuela durante el 2019. Entre enero y octubre estos hechos de intimidación contra periodistas y medios de comunicación, ejercidos principalmente por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, desconocidos, funcionarios públicos, simpatizantes oficialistas y grupos de delincuencia organizada, acumularon al menos 177 casos de violaciones a la libertad de expresión.

La mayoría de estas incidencias ocurrieron en los primeros cinco meses del año. Según los datos del sistema de monitoreo de IPYS Venezuela, 75% de los casos de agresiones, que representan 132 ataques, se registraron entre enero y mayo, un período en el que la situación política y social del país estuvo enmarcada por protestas, actividades de calle y apagones generalizados. La intensidad de la cobertura informativa de calle en este tiempo dejó como saldo 29 medios de comunicación y 141 periodistas y otros trabajadores de medios afectados.

Solo en enero y febrero se contabilizaron 23 hechos de violencia en los que funcionarios de organismos de seguridad y simpatizantes oficialistas amedrentaron a 52 periodistas y seis sedes de medios de comunicación. La mayoría de estas vulneraciones a la integridad y seguridad de los reporteros se dieron mientras se realizaba la cobertura informativa de hechos de interés público relacionados con el líder de la oposición venezolana y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y las diligencias de este sector relacionadas ala ayuda humanitaria.

Pero en marzo los periodistas tuvieron que enfrentar más acciones violentas. Este mes el total de incidentes por agresiones físicas y ataques ascendió a 33, y resultaron afectadas al menos 25 personas y ocho medios informativos. Los registros de esta organización demuestran que la mayoría de estas medidas de intimidación fueron en las dos primeras semanas de marzo. El patrón que se mantuvo fue el abuso de poder por la participación directa de funcionarios públicos e instituciones estatales en más de la mitad de los hechos registrados, en 10 estados del país.

Unos de los casos más graves ocurrió en el estado Lara, durante la visita del equipo técnico de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre el 14 y 17 de marzo. En esos días funcionarios públicos y simpatizantes del oficialismo cometieron siete agresiones y acciones intimidatorias contra los periodistas que cubrían este asunto en el Hospital Central de Barquisimeto. Por esta situación 23 trabajadores de medios afectados consignaron una denuncia en la Fiscalía Superior del Ministerio Público en Lara, el 20 de marzo y hasta la fecha de la publicación de este balance, no han obtenido ninguna respuesta.


Estos hechos ocurrieron pese a que entre 2017 y 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado garantizar con urgencia que medios de comunicación nacionales y extranjeros pudieran realizar “las transmisiones en directo de manifestaciones y actos públicos, y respetar el deber de no adoptar medidas que regulen o limiten la libre circulación de información”.

En abril y mayo también se registraron acciones frecuentes de intimidación y violencia, sumando cada mes 24 y 29 casos, respectivamente. Estas agresiones a la libertad de expresión se intensificaron durante la cobertura de los acontecimientos políticos y manifestaciones sociales desarrolladas el martes 30 de abril, cuando el líder opositor Leopoldo López y Juan Guaidó, se apostaron a las afueras de la principal base aérea de Venezuela, en La Carlota en Caracas.

Solo ese día se registraron 11 hechos de detenciones, robos y agresiones que afectaron a periodistas que cubrían las concentraciones civiles en los estados Lara, Falcón, Monagas, Bolívar, Zulia, Anzoátegui y en el Área Metropolitana de Caracas. Estas acciones contra los reporteros fueron responsabilidad de grupos armados y cuerpos de seguridad del Estado. Entre estos incidentes, destacó el robo y la agresión al periodista Isaac González, quien labora para Efecto Cocuyo, por parte de grupos colectivos armados con piedras y palos en Petare, en Caracas. El reportero denunció que lo golpearon en la cara, le rompieron sus lentes y le robaron su teléfono celular.

El 1 de mayo continuaron las agresiones, lideradas por los cuerpos de seguridad del Estado contra los periodistas y reporteros gráficos que ofrecían cobertura de manifestaciones en contra de Nicolás Maduro en el Área Metropolitana de Caracas, Carabobo, Lara y Zulia. Perdigones y bombas lacrimógenas y otros hechos intimidatorios sumaron otros 12 casos en los que se obstaculizó la labor periodística. Así se reportaron 23 incidentes de agresiones y ataques contra periodistas en menos de 48 horas.

Estos ataques evidencian que en Venezuela se ignoraron los estándares de libertad de expresión y seguridad de periodistas, promovidos desde la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, ante el creciente fenómeno de violencia contra la prensa, que señalan que es obligación de los Estados: “Instruir a las fuerzas de seguridad sobre el respeto al trabajo de las y los periodistas y adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra quienes trabajan en medios de comunicación, incluida la capacitación de funcionarios públicos, en especial las fuerzas policíacas y de seguridad, y la adopción de guías de conducta o directrices sobre el respeto de la libertad de expresión”.





Agresiones continuas

Entre junio y octubre, IPYS Venezuela registró 45 agresiones a medios y trabajadores de la prensa que representan el 25% del total de los primeros diez meses de 2019. En ese tiempo, al menos 56 periodistas y nueve medios y organizaciones sufrieron algún tipo de agresión y ataque que impidió su función informativa. Los cuerpos de seguridad del Estado y los simpatizantes oficialistas se ubicaron como los principales victimarios con 11 y 10 ataques hacia los trabajadores de la prensa, respectivamente.

Con el apoyo de la Red Nacional de Corresponsales de IPYS Venezuela, esta organización registró entre septiembre y octubre la mayor cantidad de agresiones a medios y periodistas con 10 y 15 casos respectivamente, que se reportaron entre el lunes 17 y el martes 25 de septiembre y en los últimos 10 días de octubre. Durante este tiempo, las principales agresiones estuvieron enmarcadas en la cobertura de hechos de interés público vinculados a los líderes políticos Juan Guaidó y María Corina Machado, coordinadora nacional del partido Vente Venezuela; además de coberturas a los centros de salud y a las sesiones de la Asamblea Nacional.

Regiones en conflicto

Desde junio y hasta octubre, se enumeraron nueve casos en el Área Metropolitana de Caracas que la ubicaron como la región más afectada por agresiones durante este tiempo, una tendencia que se ha mantenido en los registros históricos de IPYS Venezuela. Luego se encontraron los estados Táchira y Apure con cinco hechos cada uno, siendo esta última una de las entidades donde se reportó la agresión más grave hacia un equipo reporteril. La periodista Sulay García y su camarógrafo Casto Rodríguez fueron agredidos por simpatizantes oficialistas mientras reportaban la visita de María Corina Machado en la ciudad de San Fernando el 29 de octubre. Con este hecho, sumaron 73 las mujeres reporteras que fueron víctimas de agresiones físicas en el marco de sus labores informativas durante los primeros 10 meses de 2019, de acuerdo el monitoreo de esta organización. Mientras tanto, en ese lapso la violencia también afectó a 95 hombres que se desempeñan como periodistas, reporteros gráficos y videógrafos.


Estas agresiones también desconocen instrumentos internacionales que debe atender el Estado venezolano, como lo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que señala en su objetivo número 16 la promoción de sociedades, justas, pacíficas e inclusivas, además del exhorto a la reducción de todas las formas de violencia y el aumento de las garantías para acceder a la justicia dentro de un estado de derecho. La plataforma de organizaciones de Voces del Sur, que congrega a diversas organizaciones de libertad de expresión de América Latina, ha destacado que el cumplimiento de este objetivo debe poner como prioridad la protección y seguridad de los periodistas.

La Unesco también ha dicho que “los periodistas deben tener la libertad y la seguridad necesarias para generar los contenidos que luego serán difundidos a partir de diferentes plataformas mediáticas. Este contenido representa una forma de ejercer la expresión pública de nuestros derechos colectivos”. En función de este panorama, IPYS Venezuela exige al Estado venezolano brindar las condiciones adecuadas para proteger la integridad de los periodistas y garantizar las libertades informativas de toda la población como contempla el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Equipo IPYS Venezuela

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