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Arbitrando el derecho: No pueden negarse los funcionarios públicos a recibir solicitud de los ciudadanos

Alejandro Canónico Sarabia*

Hemos tenido conocimiento que en diferentes oficinas de la Administración Pública, y específicamente en gerencias regionales del SENIAT, se niegan a recibir escritos de peticiones y de recursos administrativos, con los que no concuerdan los funcionarios de forma preliminar; sin darle la posibilidad de trámites a esos escritos. Deben saber estos funcionarios públicos que esa conducta negativa es contraria al ordenamiento jurídico, viola específicamente las normas que le atribuyen competencias y, lo más grave, vulnera los derechos de los solicitantes. Recordemos que el artículo 51 de la Constitución consagra y desarrolla el sagrado derecho de petición que tiene toda persona para dirigir solicitudes ante cualquier autoridad o funcionario público sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y para, una vez realizada la solicitud, obtener oportuna y adecuada respuesta. Este derecho también se ve reforzado por los principios de participación y transparencia, igualmente previstos en el texto constitucional, que rigen a toda la administración pública.
Ahora bien, desde el punto de vista procedimental, tales derechos y principios constitucionales, son desarrollados en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, desde su artículo 43 hasta el artículo 46. En los señalados dispositivos legales se establece que los organismos públicos están en la obligación de llevar un registro de presentación de documentos en donde se dejará constancia de todos los escritos, peticiones y recursos que presenten las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas; a quienes se le dará constancia de recibido de sus respectivos escritos con sus anexos, si los hubiere, con indicación del lugar, fecha y hora de la recepción y el número de registro del trámite que le corresponda. Expresamente se señala que los funcionarios, bajo ninguna circunstancia, pueden negarse a recibir los escritos; sólo podrán hacerle las observaciones de forma, por irregularidades u omisiones, pero, se insiste, sin poder evitar recibir el escrito. Resulta tan imperativa la norma, derivada del derecho constitucional de petición, que el funcionario que se niegue a recibirlo deberá ser sancionado, pudiendo hasta ser destituido de su cargo por tal infracción. La organización y el funcionamiento de ese registro se establecerán en el reglamento que se deberá dictar para tal fin.
Efectivamente se han dictado los siguientes instrumentos jurídicos. 1. Reglamento de presentación de documentos, mediante Decreto Nº 1364, del 30 de diciembre de 1981, publicado en la Gaceta Oficial 32.358 del 4 de enero de 1982; 2. Resolución reglamentaria sobre recepción y revisión de documentos por correo. Resolución Nº 1304, del 30 de diciembre de 1981, en la Gaceta Oficial 32.385 del 4 de enero de 1982; y 3. Instructivo presidencial Nº 7, sobre simplificación e información de los procedimientos de atención al público. IP del 23 de abril de 1987, publicado en la Gaceta Oficial 33.457, del 25 de abril de 1986. Normas reglamentarias que muchas veces parecieran desconocer los actores públicos llamados a intervenir en la sustanciación de trámites y procedimientos administrativos. Sin dejar de mencionar los aportes del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, que parte de la buena fe y la necesidad de aliviar los requisitos que deben cumplir las personas en sus relaciones con la Administración Pública.
Por lo tanto, no se les puede evitar a los ciudadanos consignar sus escritos o peticiones. No obstante, si el funcionario receptor de forma ilegal se niega a recibir la solicitud, la misma podrá ser enviada por correo al órgano de la administración que corresponda, en cuyo caso se entenderá que el interesado ha actuado en tiempo hábil cuando haya sido remitida, con anterioridad al vencimiento de los términos y plazos previstos y siempre que haya constancia de la fecha en que se hizo la remisión.

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