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El COVID-19 desde la mirada del derecho internacional

Alejandro Canónico Sarabia*

El fenómeno global ha producido que la noción tradicional de soberanía de los Estados en su concepción decimonónica se vaya diluyendo. Los ordenamientos jurídicos nacionales se enfrentan a problemas que sobrepasan su propia capacidad de respuestas y las sociedades se hacen cada día más exigentes en función de sus propias necesidades. En consecuencia sobre los sistemas nacionales se superponen numerosos ordenamientos a distintos niveles, y el poder público se reacomoda o reorganiza a través de nuevas formas y estructuras plurales y policéntricas. Pensemos, por ejemplo, en la solución de problemas ambientales globales, como el efecto invernadero, al que no es posible abordar de manera aislada, sino en un contexto de colaboración supranacional; o los problemas financieros de las naciones que se encuentran vinculados a relaciones de orden internacional; o incluso, lo que vivimos en la actualidad con la pandemia producida por el coronavirus, de la que escasamente escapa algún lugar remoto del globo terráqueo.
Esta articulación global necesita de ordenamientos jurídicos diferentes, situados en distintos niveles de poder, lo cual amerita tomar en cuenta factores complejos diferenciados para armonizar y legitimar las relaciones que indefectiblemente se producen. La doctrina considera que existen algunas cuestiones problemáticas, que se deben resolver: la diversidad sostenible, un núcleo común de principios, y el reconocimiento de un mínimo común de principios superiores” (Sabino Cassese, 2010), para lograr la soñada integración jurídica armónica.
Se discute por lo tanto sobre la existencia de un escenario jurídico global, caracterizado por: i. Un ordenamiento disperso y por carecer de un sistema normativo jerarquizado; ii. Por existir normas de carácter no vinculantes, en particular mecanismos de Derecho blando o indicativo (soft law); y iii. Por la presencia de un constante conflicto de aplicabilidad entre ordenamientos. Y todo esto con motivo de las diversas relaciones que dentro de ese espacio se generan, entre los sistemas nacionales y los ordenamientos “superiores”, sean éstos de carácter supranacional o global. Se puede decir que aun cuando no exista un ordenamiento único u homogéneo, si se observan estructuras e instituciones, con finalidad de ordenación.
En el contexto del Derecho internacional y en lo que respecta al tema sanitario, nos encontramos con el interesante Reglamento Sanitario Internacional (RSI), producido por la Asamblea Mundial de la Salud, y que resulta legalmente vinculante para todos los estados partes, sin necesidad de ratificación, según lo establecido en el artículo 23º del estatuto de constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El señalado reglamento aporta una serie de normas perfectamente aplicables a la situación de emergencia sanitaria que enfrenta el mundo por efecto del coronavirus, ya que tiene por objeto colaborar con la comunidad internacional para prevenir y afrontar riesgos agudos de salud pública susceptibles de traspasar fronteras y amenazar a poblaciones de todo el planeta. Precisamente en el artículo 6 del referido reglamento se desarrolla el denominado sistema global de vigilancia epidemiológica, que obliga a los estados a reportar a la OMS cualquier brote de ciertas enfermedades y determinados evento de salud pública, con potencialidad para producir una pandemia.
En sintonía con lo anterior la OMS está facultada para recomendar a los estados las medidas que pueden adoptar para contrarestar una pandemia, sin que se conviertan en obligatorias, debido a que cada Estado es soberano en decidir cuáles medidas considera que debe aplicar para enfrentar los efectos de la situación de emergencia producido por la pandemia (Art. 18). No obstante, las recomendaciones efectuadas por la OMS seguramente estarán vinculadas a los derechos humanos de las personas, y por lo tanto, los Estados deben ser muy cautelosos a la hora de apartarse de tales recomendaciones, a los fines de no incurrir en violaciones de tales derechos fundamentales. Por ejemplo, una de las medidas que pudiera recomendar la OMS en relación a sus propias normas, es el trato adecuado a los viajeros durante una pandemia, garantizando su dignidad y el respeto a sus derechos humanos.
En el caso de la pandemia producida por el coronavirus, la OMS ha declarado que se trata de una emergencia de salud pública de connotación internacional; sin embargo, este organismo internacional no ha recomendado ni ha impuesto una cuarentena colectiva de manera contundente, ni siquiera cordones sanitarios, debido a que quedará al arbitrio de cada país adoptar las medidas que considere más adecuadas, en función del grado de afectación del virus en la colectividad.
Deben tener claro los Estados que las medidas que adopten deberán ser proporcionales con la situación que se esté enfrentando; no deben suponer la restricción irracional de los derechos humanos de las personas; tendrían necesariamente que hacerse una análisis de ponderación de los derechos y los intereses en juego, esto quiere decir que teniendo en cuenta diversas opciones de medidas a adoptar para lograr el objetivo, se debe optar por aquella medida o grupo de ellas, que sean las menos gravosas para las personas, tal y como lo recomienda la disposición contenida en el artículo 4 del Pacto Americano de Derechos Civiles y Políticos.
Por último, la OMS tiene la posibilidad cierta de controlar la veracidad de los datos y las informaciones que producen los Estados; por ejemplo, puede controlar si China ha dicho la verdad, como cualquier otro país, debido a que un evento de salud pública originado en un Estado constituye un riesgo para otros. En virtud de lo anterior, la OMS puede consultar y confrontar los datos oficiales suministrados, con otros datos no oficiales; todo esto, para generar registros que permitan hacer estudios científicos sobre los problemas sanitarios globales con la finalidad de prevenir eventos sanitarios futuros o para aportar soluciones a crisis actuales; pero adicionalmente estos datos o conclusiones pueden ser útiles para la determinación de las responsabilidades a que hubiera lugar, en los escenarios internacionales competentes. Al final estos son problemas que nos afectan a todos, sin ninguna distinción.

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