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Más de 10 mil inspecciones se han realizado en el sector agroalimentario nacional

El Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, a través de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) y la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), inspeccionaron un total de 10 mil 435 comercios del sector agroalimentario desde el mes de marzo hasta finales del mes de junio.

La Ley del Sistema Nacional Integral Agroalimentario (SINAIA), en su artículo 12, faculta a la Sunagro para el cumplimento de las tareas de verificación, inspección y fiscalización sobre la producción, procesamiento, distribución, importación y exportación de alimentos a fin de garantizar su distribución justa y equitativa.

Asimismo, la Ley Orgánica de Precios Justos le otorga a la Sundde la facultad sobre el diseño, implementación y evaluación de mecanismos de aplicación, control y seguimiento para el estudio de costos y fijar el Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) como resultado del estudio de las estructuras de costo.

En este sentido, la Sunagro y la Sundde, así como las instituciones con competencia en la materia, se encuentran ejecutando el Plan Nacional de Fiscalización a fin de garantizar ante la alerta sanitaria ocasionada por la Covid -19, el correcto funcionamiento del sistema agroalimentario nacional y la existencia de los alimentos.

Es importante mencionar que las labores de fiscalización han arrojado un total de 1.373 visitas al sector cárnico entre las cuales se encuentra el abordaje a mataderos, carnicerías, frigoríficos y charcuterías en territorio nacional.

Es de resaltar, además, que las visitas realizadas en articulación cívico-militar y con el acompañamiento del Poder Popular evitan distorsiones económicas y avanzan en la transparencia de los procesos de producción y comercialización, lo que da resultado el encarecimiento desmedido de los productos de primera necesidad.

Por ello, el Ministerio de Comercio Nacional se mantiene desplegado a fin de garantizar los derechos socioeconómicos del Pueblo como medida significativa en contra de la especulación en el acceso de los alimentos, bienes y servicios.

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